El acuerdo sobre "Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas" firmado hoy por el Gobierno colombiano y las FARC en Cuba pone al país frente a un compromiso histórico, el de firmar una paz estable y duradera después de más de medio siglo de conflicto armado.

La paz definitiva aún no se ha concretado, pero el paso dado hoy en la capital cubana despeja el camino para que en cuestión de semanas, probablemente, se firme en territorio colombiano el llamado acuerdo final con el que las FARC dejarán de ser una organización armada ilegal para convertirse en una fuerza política.

Así lo manifestó hoy en La Habana el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien reconoció que al acordar el alto el fuego bilateral y definitivo, las FARC seguirán defendiendo sus convicciones pero esa lucha "ya no será armada, sino -como debe ser- política, con ideas y argumentos".

Se trata de un logro de una importancia política mayúscula porque convencer a una organización como las FARC, que ha basado su poder durante décadas en la fuerza de las armas, supone todo un cambio de filosofía para ese grupo que, según el Gobierno, tiene unos 6.000 combatientes y otros miles en redes de apoyo.

Lo acordado hoy tiene también una connotación histórica porque, si bien es cierto que en los años 90 varios grupos guerrilleros firmaron la paz con el Gobierno, depusieron las armas y sus integrantes se incorporaron a la vida civil, las FARC son de lejos el más fuerte adversario interno que haya tenido el Estado colombiano en el campo militar.

A eso hay que sumar que es la primera vez que Colombia logra atraer a un proceso de paz el apoyo unánime de la comunidad internacional, representado no solo en organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea (UE), sino también en países como Estados Unidos, tradicional aliado militar del Gobierno, y por naciones vecinas.

En ese apoyo recae mucha de la credibilidad de la paz colombiana no solo porque los observadores provenientes de algunos de esos países serán los que supervisen la concentración de los miembros de las FARC en las zonas de ubicación determinadas, sino también porque serán los garantes de que el alto el fuego y cese de hostilidades sea respetado.

"Vigilarán también que el abandono de las armas sea total y efectivo, todo dentro de los tiempos previstos en el acuerdo", dijo hoy Santos, quien siempre tuvo claro que un alto el fuego debía ser el punto de llegada de una negociación, como se ha visto finalmente, y no el de partida.

Por eso defendió la tesis de que había que negociar en medio de la guerra, que tantas críticas le generó, con la convicción de que a este punto solo se llegaría cuando el proceso que comenzó en noviembre de 2012 estuviera lo suficientemente maduro, y los hechos de hoy parecen darle la razón.

El comentario del jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", de que las Fuerzas Armadas colombianas y las de esa guerrilla que en el pasado fueron "adversarias" y en adelante tendrán "que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia" confirma que la paz, después de muchas vicisitudes, llegó a un punto de no retorno.

Faltan asuntos por resolver antes de la firma definitiva, principalmente flecos de los otros cuatro puntos acordados a lo largo de los más de tres años de negociaciones, y esperar la decisión de la Corte Constitucional sobre el plebiscito como mecanismo para refrendar lo pactado, pero que las FARC hayan finalmente aceptado esa fórmula indica que las cosas van encaminadas.

Después del fracaso de la fecha del 23 de marzo pasado como posible día para la firma de la paz, ni el Gobierno ni las FARC se han aventurado a fijar plazos, pero es evidente que, a la luz de lo pactado hoy en el punto de "Fin del conflicto", ese día está más cerca que nunca.

Se baraja la fecha del próximo 20 de julio, por su simbolismo como Día de la Independencia de Colombia, para que sea también el del inicio de la construcción de un nuevo país, aunque persistan en la escena nacional otros grupos guerrilleros y las temidas bandas criminales de origen paramilitar que el Gobierno se ha comprometido a combatir.

EFE